«Países seguros, derecho de asilo en riesgo. "La barrera constitucional persiste"

"No recuerdo ningún precedente sobre el comportamiento de la Comisión Europea en la audiencia del martes en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea". Bruno Nascimbene es abogado y profesor de Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Milán, ex presidente del Centro de Excelencia Europeo Jean Monnet.

En sus observaciones presentadas hace un mes, la Comisión Europea se había opuesto a la posibilidad de designar como "países de origen seguros" a aquellos con excepciones para categorías enteras de personas. En la audiencia expresó una posición contraria. ¿Es este un comportamiento común? No, no lo es. Honestamente no recuerdo ningún precedente. La Comisión se justificó afirmando que había leído y considerado los comentarios de los Estados miembros y, por tanto, decidió cambiar su opinión. Pero en resumen, esta posición ha causado gran sorpresa en la Corte. De hecho, el Presidente pidió expresamente que se confirmara si la opinión de la Comisión había cambiado. Una justificación podría ser que la institución considere oportuno anticipar la aplicación de la nueva regulación incluida en el Pacto de la UE sobre Inmigración y Asilo, en vigor a partir de junio de 2026.

¿No sería extraño, dado que ese elemento es parte de un paquete muy complejo de reglas que redefine todo el marco regulatorio del asilo? De hecho, yo diría a la Comisión: si estáis tan seguros de vuestra tesis, ¿por qué no proponéis a los gobiernos adelantar la aplicabilidad del reglamento? No es posible hacerlo cumplir anticipadamente sin modificar el vigente. Sin embargo, es justo decir que no se puede simplemente cambiar la fecha de una regulación que está incluida en un paquete. Es complicado, aunque no se puede descartar una solución.

Volvamos a las excepciones para grupos sociales discutidas en la audiencia. La Comisión considera que no deberían vincularse a un criterio cuantitativo, siempre que los grupos amenazados sean "claramente diferenciables". ¿Qué implica tal interpretación? El criterio cuantitativo sobre grupos de personas me ha intrigado desde que lo vi expresado en las observaciones escritas. También fue tema de debate en la audiencia. Me parece un parámetro muy líquido, maleable, suave si se quiere. Introduciría un margen significativo de incertidumbre. No sé si el Tribunal de Justicia abordará esta cuestión específica en su sentencia.

Si la tesis de los países miembros y de la Comisión fuera aprobada, ¿los centros en Albania tendrían luz verde definitiva o seguirían existiendo aspectos de ilegitimidad? Tendrían luz verde. El Procurador General ha insistido mucho en el concepto de “margen de apreciación”, es decir, la discrecionalidad de cada Estado, especialmente de Italia. Todos los países están de acuerdo en este punto. Con excepción de Alemania, que se expresó de forma diferente, en sus observaciones escritas y no en la audiencia.

La Abogacía del Estado italiana sostiene que no existen diferencias en términos de garantías entre los procedimientos fronterizos acelerados, reservados a quienes proceden de un "país seguro", y los procedimientos ordinarios. Discrepo de esta idea. Si yo hubiera estado en el tribunal como abogado habría dicho: teóricamente sí, en realidad no. Esto es lo que nos cuentan los abogados que trabajan en el terreno, como los presentes en la audiencia, y que tratan casos concretos cada día. Con procedimientos acelerados los derechos de defensa sólo están garantizados en el papel. Los abogados que representan a los solicitantes de asilo que llegaron a Albania también se han quejado ante los jueces nacionales de las limitaciones impuestas por el protocolo.

Si fuera posible ampliar la designación de seguridad a muchos más países y la mayoría de los solicitantes fueran sometidos a procedimientos acelerados, ¿cuál sería el impacto en la efectividad del derecho de asilo? Sufriría una compresión significativa. Y con este término me refiero a una limitación excesiva. Debo decir, sin embargo, que en nuestro país tenemos una disposición constitucional, el artículo diez, párrafo 3 de la Constitución, que en ningún caso se puede tocar. Reconoce un derecho fundamental del individuo independientemente de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea.

El nuevo Pacto de Inmigración y Asilo corre el riesgo de entrar en conflicto con la Constitución. Es un poco teórico, pero podría tratarse de un contralímite, o más bien de un límite constitucional por nuestra parte a la compresión de un derecho garantizado por la Carta.